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La Ley de Vivienda 7/2022 establece límites máximos para el incremento anual de las rentas de alquiler en España. Sin embargo, la aplicación de estos límites varía significativamente entre comunidades autónomas, que pueden establecer sus propias regulaciones más restrictivas o aplicar las normas estatales.

El límite general estatal establece que las rentas no pueden incrementarse más del índice de precios al consumo (IPC) más 3 puntos porcentuales, con un máximo del 10% anual. Sin embargo, en zonas tensionadas declaradas por las comunidades autónomas, este límite se reduce al IPC sin añadir puntos adicionales.

Además del límite general, existen excepciones importantes: contratos firmados antes de marzo de 2019, viviendas que hayan sido objeto de obras de mejora, inmuebles en situaciones específicas de rehabilitación, y contratos de temporada o estudiantes pueden tener regulaciones diferentes.

La correcta aplicación de estos límites es fundamental para evitar conflictos entre propietarios e inquilinos. El incumplimiento puede conllevar sanciones administrativas y la obligación de devolver las cantidades cobradas en exceso, con intereses legales correspondientes.